Según COAG del Bajo Guadalentín, varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y el TSJ de Murcia avalan que los terrenos son catastralmente rústicos mientras no esté aprobada e iniciada su urbanización.
Según la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG), varios centenares de agricultores y propietarios de fincas rústicas de algunos municipios de su ámbito de actuación, como Totana y Aledo, han podido comprobar en los últimos años como se incrementaban de forma exagerada los recibos de contribución de sus fincas rústicas y de cultivos agrícolas, por el mero hecho de que el suelo en el que se encuentran estaba clasificado por el PGMO (Plan General Municipal de Ordenación) como urbanizable. Porque catastralmente sus fincas se han considerado por los Ayuntamientos y el catastro, como terrenos urbanos, lo que ha motivado un aumento espectacular e inasumible del recibo de la contribución, lo que tiene muy preocupados e indefensos a numerosos agricultores y propietarios afectados.
Para la COAG del Bajo Guadalentín, la anterior situación ha sido más frecuente en los casos en que el suelo estaba clasificado como urbanizable sectorizado, que coincide con el de los convenios, porque estaba previsto desarrollar en él urbanizaciones, que en la casi totalidad de los casos no se han llegado ni a programar ni a iniciar.
Según COAG, también se han producido estos aumentos, aunque ha sido menos frecuente, en fincas rústicas de cultivos situadas sobre suelo urbanizable no sectorizado, tanto normal o residencial como especial, en los que solo es posible edificar viviendas unifamiliares o edificaciones agrícolas en fincas rústicas de un mínimo de 5000 m. o 2500 m. respectivamente.
Pero, se informa desde la Unión de Agricultores de que dos sentencias muy recientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que han sido dictadas en los últimos tres meses, coinciden en dictaminar que no se puede considerar catastralmente una finca rústica como urbana, solo por el hecho de que el suelo rústico en el que se asienta sea urbanizable incluso aunque sea urbanizable sectorizado (urbanizaciones)- porque para que una finca rústica pueda ser declarada catastralmente como urbana, debe estar desarrollado el instrumento o plan urbanístico parcial que establezca las determinaciones definitivas que permitan su desarrollo y urbanización inmediata.
Todo lo anterior, según COAG, supone tirar por tierra la importante recaudación que el Catastro y algunos ayuntamientos pudieran estar realizando irregularmente e incluso ilegalmente, según esas recientes sentencias- lo que podría llegar a tener una incidencia de varios millones de euros para algunos de los municipios afectados.
Porque además del Ibi de 2014, estas sentencias abren la puerta a que los afectados por esta contribución recaudada supuestamente de forma irregular en los últimos años, puedan solicitar la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
La Unión de Agricultores del Bajo Guadalentín quiere informar de este hecho tan importante para la economía de cientos de interesados para que, los posibles afectados, lo consulten con sus asesores. Porque tienen serias dudas de que los ayuntamientos, implicados, y en concreto los de Totana y Aledo, informen a sus vecinos interesados, e incluso propicien de oficio, la modificación de los recibos de contribución de 2014, por la repercusión negativa que estas rectificaciones tendrían para las arcas municipales.
Según el Presidente de COAG del Bajo Guadalentín, Isidoro Cayuela, "confiamos en que el Ayuntamiento de Totana y también el de Aledo- colabore en la modificación inmediata de esos recibos de la contribución para 2014 que pudiesen estar afectados por estas situaciones, e incluso que facilite la información a sus ciudadanos para que puedan solicitar la devolución de las cantidades indebidamente requeridas y pagadas en años anteriores, sin tener que presentar ningún recurso ni reclamación judicial".
Porque, según Isidoro Cayuela, tiene dudas de que el Ayuntamiento de Totana colabore en ello porque "los posibles cobros indebidos de estos recibos de contribución están muy mayoritariamente situados en las zonas de fincas rústicas de la periferia del casco urbano, en las que estaba previsto ejecutar los más de 50 convenios que mayoritariamente negoció y aprobó personalmente el ex alcalde Juan Morales, en los que según se anunció en 2005 estaba previsto construir unas 40.000 viviendas. Unos convenios que el Ayuntamiento de Totana parece que pretende mantener, en la mayoría de los casos, en el PGMO de Totana cuya subsanación y tercera aprobación provisional se dice que se pretende aprobar y sacar a información pública en los próximos meses".
Según Isidoro Cayuela, "ahora ya no se nos podrá decir nadie a los agricultores y propietarios agrícolas que había que proteger el suelo donde se sitúan los cultivos y que no se podría declarar ese suelo como urbanizable no sectorizado, a los exclusivos efectos de poder edificar viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola en una finca mínima de 5000 m., con la excusa de que esto podría suponer que a los propietarios de esas fincas se les iba a subir la contribución. Porque este hipotético riesgo, después de estas sentencias, ya no existe.
"Lo que podría existir es el peligro continúa manifestando Isidoro Cayuela- de que se pretenda subsanar o aprobar un plan que, aunque se ha intentado maquillar con algunos cambios, más simbólicos que reales, es un plan basado en los pilares y acuerdos y convenios de 2005, que han estado y seguirán estando, en varios casos, en los tribunales. Y nosotros vamos a estar frontalmente en contra de ese plan, ya que no nos parece ni reconvertible ni subsanable, incluso sin algunos convenios. Aunque tengamos que presentar, como hace seis años, miles de alegaciones. Y aunque tengamos que informar y debatir públicamente, con quien proceda, que ni hasta ahora se han cumplido las directrices consensuadas por todos los grupos políticos en el pleno de Diciembre de 2011, ni mucho menos nos creemos el disparate de que sea posible un consenso ni obtener un plan de síntesis o refundido, entre el modelo del plan del PP de 2005 y el de PSOE e IU de 2002, ya que ambos planes están asentados en pilares y modelos estratégicos diametralmente opuestos".
